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La normativa sobre territorios indígenas y su implementación en Perú

La primera ley que reconoció los derechos de propiedad de los territorios de las comunidades indígenas amazónicas (llamadas oficialmente “comunidades nativas”) fue dada en 1974.

Esta norma fue modificada cuatro años más tarde por una aún vigente (Ley de Comunidades Nativas, DL Nº 22175), aunque está parcialmente mutilada por las políticas neoliberales del gobierno de Alberto Fujimori.

En lo concerniente a derechos territoriales, el D.L. Nº 22175 señala que el Estado “garantiza la integridad de la propiedad territorial de las Comunidades Nativas” (Art. 10º), la que tiene carácter de “inalienable, imprescriptible e inembargable” (Art. 13º), No obstante, de estas garantías solo se mantiene la segunda, ya que las otras dos fueron excluidas de la Constitución de 1993. El punto de partida de la imprescriptibilidad, según refiere la citada ley en su Art. 12º, es la Constitución del Estado promulgada el 18 de enero de 1920 que reconoció este derecho a las “comunidades indígenas”, categoría que en ese entonces comprendía solo a las comunidades andinas y costeñas (renombradas como “campesinas” a partir de la ley de Reforma Agraria de 1969). Esto es importante porque garantiza que cualquier propiedad establecida posteriormente a esa fecha en tierras consideradas como propias por los indígenas puede ser declarada parte del territorio comunal previa indemnización del posesionario.

Una característica de la propiedad de las comunidades nativas (y también de las campesinas) es que esta es anterior al título. En efecto, este es un instrumento que solo formaliza un derecho pero que no lo crea, porque ellas ya lo tienen.

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