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La normativa sobre territorios indígenas y su implementación en Bolivia

Bolivia ha cambiado su Constitución dos veces en los últimos 15 años: 1994 y 2009. La primera declaró el carácter multiétnico y pluricultural del país, así como los derechos colectivos de los pueblos indígenas, entre ellos, a sus “tierras comunitarias de origen” (TCO).

En términos de autonomía indígena otorgó facultades jurisdiccionales a sus autoridades y reconoció como sujetos de derechos territoriales a pueblos y comunidades, precisión apropiada dada la existencia de numerosos asentamientos aislados, a los que resultaba difícil englobar como territorios étnicos. Se han señalado las distorsiones creadas durante la aplicación de la ley de Participación Popular que municipaliza el país y crea las Organizaciones Territoriales de Base (OTB). En esa Ley los pueblos indígenas son considerados como una OTB más, junto a las comunidades campesinas y juntas vecinales, con prerrogativas de control municipal. Esto significa que su territorialidad y autonomía queda limitada a su relación con el Estado ejercida a través de un gobierno municipal. Con esto se creaba una instancia dependiente de la municipalidad local, aunque la personería así obtenida les facultaba a demandar el reconocimiento de derechos colectivos, como la propiedad de tierras y territorios étnicos. (Ver Chirif y García 2007: 42.).

En la aplicación de la ley se produjeron nuevas distorsiones que ponían en evidencia que se tenía “un entendimiento relativo de tan relevante reconocimiento histórico”, como el que implicaba la declaración constitucional de los pueblos indígenas como sujetos de derecho. Algunos ejemplos: existen titulares de derechos tan diversos como el “Pueblo Indígena El Paraíso”, nombre que en realidad alude al nombre de un asentamiento específico; la Central Ayorea de Naciones Originarias de Bolivia (CANOB –en este caso se trata del nombre de una organización étnica-); y el Territorio Indígena Multiétnico, que en realidad se refiere al objeto del derecho reclamado (Ibíd.: 42).

Por otra parte, la Ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), aprobada en 1996, abrió las puertas a la legalización de tierras indígenas en el Oriente boliviano (región que incluye las cuencas de los ríos Amazonas y La Plata), sea como comunidades o como territorios originarios de origen (TCO). Sin embargo, los procedimientos burocráticos -además de poco confiables- que se establecieron para el proceso de legalización de la propiedad, determinaron que, durante cerca de 10 años, los efectos de la ley beneficiaran a otros sujetos y no a los pueblos y comunidades indígenas.

En efecto, las demandas territoriales presentadas por las organizaciones indígenas, así como los territorios reconocidos por el gobierno a raíz de la marcha indígena de 1990, fueron sometidos a procesos de saneamiento que demandaban una serie de pasos que comenzaban con la evaluación de la propuesta, para ver si era o no aceptada. El segundo paso era la calificación de los demandantes para ver si eran o no indígenas, medida violatoria de lo dispuesto en el Convenio No.169 (Art. 1º). Otro paso era el estudio de necesidades espaciales, según el cual los funcionarios determinaban cuánta tierra necesitaban los indígenas demandantes.

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