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Territorios y recursos

A continuación, serán abordados los conflictos entre actores indígenas y externos por la utilización de los recursos naturales en territorios/tierras indígenas. Ello incluye los recursos no renovables, como petróleo, gas, cobre, oro, etc., y los renovables, como madera y recursos energéticos regenerables.

Ambos tienen en común que son principalmente los intereses económicos externos los que determinan su aprovechamiento. Debido a que las líneas de conflicto son similares, las mismas serán brevemente caracterizadas y aclaradas con ejemplos de los distintos conflictos por su utilización.

Actores de los conflictos

Son principalmente los siguientes actores quienes desempeñan un rol decisivo en los conflictos por los recursos naturales:

Las empresas petroleras, mineras y madereras nacionales y transnacionales, la industria agrícola y farmacéutica, si bien en el análisis de las estrategias de los actores aún deba distinguirse, en algunos casos, entre el manejo empresarial internacional y los responsables de la toma de decisiones in situ. En algunas regiones existen además intereses económicos antagónicos, como p. ej. proyectos de ecoturismo o etnoturismo versus minería o industria agrícola.

El Estado, representado por los ministerios, que ejercen influencia en la adjudicación de concesiones de explotación. Estos son los ministerios de petróleo, minería y ambiente, las instituciones responsables de la política forestal, la política y la administración provincial/local, y también las empresas petroleras estatales, las cuales actúan como empresa ejecutora, y también como instancia contractual y de control para las empresas privadas.

Los pueblos indígenas, por un lado, las comunidades directamente afectadas y sus organizaciones políticas locales y, por el otro, las organizaciones de segundo y tercer grado.

Otros actores importantes en los litigios por la utilización de los recursos naturales son el grupo de colonos en la Región Amazónica −casi siempre también indígenas provenientes de las tierras altas andinas o, en el caso de Brasil, del sur del país− quienes, por la política agraria estatal, fueron impulsados en los años de 1960 y 1970 (en Bolivia más aún luego del cierre de las minas en los años 80) a tomar nuevas superficies en la Región Amazónica para producción agrícola. Su posición es ambivalente. Con la toma de posesión de tierras en las zonas bajas, se convierten en invasores de tierras indígenas y, por la roturación del bosque para la agricultura, en un factor de destrucción forestal.
Por otro lado, forman parte de la población marginada y muy pobre y, además de estar afectados por los problemas de acceso a la tierra en los Andes, sufren la destrucción de su nuevo entorno, causada por la explotación petrolera y minera. Las organizaciones ambientalistas y de derechos humanos desempeñan un rol importante en la percepción pública sobre la utilización de los recursos naturales. Aunque en la mayoría de los casos no provienen de las regiones afectadas, a menudo han tenido éxito en llevar los conflictos por el uso de los recursos naturales a la agenda nacional y, a veces, a la internacional. Un ejemplo de ello es la discusión sobre el financiamiento de del banco aleman WestLB del OCP (Oleoducto de Crudo Pesado) en Ecuador.[4]

Recursos naturales no renovables

En el núcleo del conflicto por la utilización de los recursos, está el tema del poder de disposición sobre los recursos y, con ello, el tema del reconocimiento de los derechos territoriales y de la “Soberanía indígena permanente sobre los recursos naturales“, como se desprende del informe final (2004) de la relatora especial de Naciones Unidas, Erica-Irene Daes.[5] En Latinoamérica, los recursos naturales (a veces con el añadido de “estratégicos”) se definen en la constitución como propiedad del Estado. La constitución ecuatoriana establece en su Art. 247: “los recursos no renovables y, en general, los productos subterráneos, minerales y substancias cuya naturaleza sea distinta a la tierra, incluso los que están cubiertos por las aguas del mar territorial, son propiedad inalienable e imprescriptible del Estado. Los bienes serán explotados en función de los intereses nacionales. Su exploración y explotación racional podrá ser llevada a cabo por empresas públicas, privadas o mixtas, de acuerdo con la ley”.

El Estado tiene el derecho de otorgar los recursos en concesiones o licencias a terceros y negociar con éste las modalidades de utilización. Debido a que la explotación de los recursos del suelo se define como de interés nacional, el Estado se reserva el derecho a expropiar también, en caso necesario, el territorio indígena para la exploración petrolera o minera. Si bien no existe formalmente una jerarquía de leyes (reconocimiento de territorios indígenas, por un lado, e interés estratégico de explotación, por el otro), en caso de conflicto prevalece el interés de aprovechamiento.

En todos los países que se abordan en este estudio está prescrita, de manera vinculante, una evaluación de impacto ambiental y la elaboración de planes de gestión ambiental, antes de iniciar cada fase del proceso extractivo. Sin embargo, las investigaciones[6] demuestran que no desempeñan un rol decisivo en el proceso de concesión ni en el de planificación. [7]

Recursos naturales renovables

Como en el caso de los recursos no renovables, el Estado posee también el poder de disposición sobre los recursos genéticos. Éstos pueden ser utilizados por todas las personas, pero la decisión sobre la valoración económica de los mismos incumbe a la soberanía de los países. En Ecuador, los recursos naturales (no maderables) pueden ser extraídos, siempre que sirvan a la subsistencia, pero no pueden ser comerciados más allá de las fronteras provinciales. Toda extracción comercial de recursos forestales naturales es ilegal; existen reglamentos especiales para determinados “productos forestales secundarios“ como las orquídeas. Los usuarios comerciales deben firmar un contrato con el gobierno, en el cual se regula la extracción y una posible participación del Estado en las ganancias. Si se utilizara conocimiento tradicional indígena, la participación debe asimismo estar garantizada contractualmente.

A nivel internacional, se concede a los campesinos locales y a los pueblos indígenas la protección del conocimiento tradicional, un derecho político de coparticipación y la participación en las ganancias provenientes de la comercialización de recursos fitogenéticos. El Convenio sobre la Diversidad Biológica (Río de Janeiro, 1992)[8] establece el marco internacional para ello:

En el Artículo 8j sobre conocimiento, innovaciones y prácticas tradicionales se establece, por un lado, la idea de protección y por otro, se exige una adecuada participación de las comunidades indígenas y locales en el uso de sus conocimientos tradicionales.[9] La forma en que esta adecuada participación podría estructurarse e implementarse, debe ser aclarada por un grupo de trabajo sobre conocimiento tradicional, en el cual también colaboren las/los representantes indígenas.

El Artículo 15 sobre acceso a los recursos genéticos[10], Acceso y Distribución de Beneficios (Access and Benefit Sharing, ABS), se refiere indirectamente a los pueblos indígenas.[11]

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Infoindígena es una página web que busca promover la reflexión y nuevos conocimientos en torno a la autogestión territorial indígena y otros derechos de los pueblos indígenas. Los documentos y publicaciones disponibles en esta página (incluidas las audiovisuales), proceden de fuentes internas y externas al Programa Regional ProIndígena-GIZ, que se ejecuta en Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia y Paraguay, con el apoyo del Ministerio Alemán para la Cooperación (BMZ). Los contenidos expuestos en este sitio son responsabilidad de sus autores.

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