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Marco legal Colombia

LEGISLACIÓN COLOMBIA EN AUTONOMÍA/AUTOGOBIERNO INDÍGENA

 

Ley 89 de 1890 Determina como deben ser gobernados los salvajes. Es la base  del reconocimiento del autogobierno indígena en territorios delimitados como resguardos.  Se continua apela a esta norma cuando hay conflictos de interpretación con el Estado.

Constitución de la República de Colombia. 1991. Colombia reconoce  los resguardos indígenas como a entidades territoriales autónomas con el mismo estatus de los municipios, provincias  y distritos. Reconoce   también competencias jurídico – administrativas a sus autoridades (Arts. 246, 329, 330, 247,  286; 287; 309; 321; 328; 357; 171; 176 y  todos los que se aplican a entidades territoriales).

Ley 21 de 1991. Aprueba el Convenio número 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, adoptado por la 76a. reunión de la Conferencia General de la O.I.T., Ginebra 1989.

Ley 115 de 1993. Ley General de educación. Aunque  las  entidades territoriales indígenas,  no estén reglamentadas, su asimilación a municipios  permite  exigir autonomía y autoadministración en las áreas de  justicia,  educación, salud y manejo presupuestal.

Ley 270 de 1996 Estatutaria de la Administración de Justicia. Art 12. (…) Las autoridades de los territorios indígenas previstas en la ley ejercen sus funciones jurisdiccionales únicamente dentro del ámbito de su territorio y conforme a sus propias normas y procedimientos, los cuales no podrán ser contrarios a la Constitución y a las Leyes. Estas últimas establecerán las autoridades que ejercen el control de constitucionalidad y legalidad de los actos proferidos por las autoridades de los territorios indígenas (…)

Ley 691 de 2001. Mediante la cual se reglamenta la participación de los Grupos Étnicos en el Sistema General de Seguridad Social en Colombia. Decreto 2716 de 2004 reglamenta parcialmente la Ley 691

Decreto 1088 de 1993. Regula la creación de las asociaciones de Cabildos y/o Autoridades Tradicionales Indígenas. Las Asociaciones de Autoridades Tradicionales Indígenas (AATIs) o de Cabildos, mejora la interlocución con el Estado y la gestión de proyectos comunes, en lugar de unas actuaciones singulares y dispersas.

Decreto 2164 de 1995.  Reglamenta parcialmente el [Capítulo XIV de la Ley 160 de 1994] en lo relacionado con la dotación y titulación de tierras a las comunidades indígenas para la constitución, reestructuración, ampliación y saneamiento de los Resguardos Indígenas en el territorio nacional.  Este decreto permite entender las atribuciones de las autoridades individuales y colectivas indígenas.

Decretos sobre institucionalidad de concertación Estado – Pueblos Indígenas.    Colombia cuenta con una institucionalidad permanente de concertación desde 1996. La Corte Constitucional revitalizó su papel al ordenar concertar en la MPC (Mesa Permanente de Concertación con Pueblos) las  decisiones administrativas y legislativas susceptibles de afectarlos. Así mismo, evalúa la ejecución de la política indígena y hace  seguimiento al cumplimiento de los acuerdos. 

  • Decreto 1397 de 1997.  Mesa Permanente de Concertación con Pueblos   y Organizaciones Indígenas  y Consejo Nacional de Territorios Indígenas. 
  • Decreto 3012 de 2005.  Mesa Regional Amazónica. 
  • Otros: Decreto 2406 de 2006.  Comisión Nacional de Trabajo y Concertación de la Educación para los Pueblos Indígenas; Decreto 1973 de 2913, Subcomisión Técnica Nacional de Salud Propia e Intercultural Indígena; Decreto 1396 de 1996. Consejo Nacional de Derechos Humanos para Pueblos Indígenas. 
  • Regionales:  Mesa Permanente de Coordinación Interadministrativa Attis – Gobernación del Departamento del Amazonas;  Mesa Permanente de Concertación para Pueblos Indígenas  del  Huila; Mesa de Concertación para el Pueblo Awa; Consejo Interinstitucional de Pueblos Indígenas del Trapecio Amazónico (CIPITA), y Mesa de Diálogo y Concertación del Pueblo Wayuù.

Plan Nacional de Desarrollo Prosperidad Democrática para todos. 2010-2014. En Colombia las  políticas y programas dependen de las órdenes judiciales  para garantizar derechos, realizar consulta previa y cumplir  acuerdos.   Las entidades procuran cumplir estas exigencias mediante políticas, programas o acciones, y las OI (Organizaciones Indígenas) se ocupan de que sean efectivas.

Anexo IV. Acuerdos con los Pueblos Indígenas. Bases para el Programa de Garantías de los Derechos Fundamentales de los Pueblos Indígenas (Plan Nacional de Desarrollo Prosperidad Democrática para todos. 2010-2014). Propende “garantizar el goce efectivo de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y los derechos individuales de sus miembros, mediante la superación de factores que ponen en riesgo su pervivencia física y cultural, de conformidad con lo dispuesto por la Corte Constitucional en la Sentencia T-025 de 2004 y el Auto seguimiento 004 de 2009”.

Programa Presidencial para la formulación de estrategias y acciones para el desarrollo integral de los Pueblos Indígenas.  Potencia la acción institucional del Estado en lo local y nacional para una mejor atención y garantía de los derechos de los Pueblos Indígenas.

 

LEGISLACIÓN COLOMBIANA  EN GESTIÓN TERRITORIAL, RECURSOS NATURALES, ÁREAS PROTEGIDAS Y PUEBLOS EN AISLAMIENTO

En la Constitución Política, Colombia reconoce la propiedad colectiva sobre  32 millones de hectáreas a Pueblos Indígenas.  Este solo elemento  les otorga una importancia estratégica que no tienen por densidad demográfica en el país (Arts. 63, 286, 329, 340 y 357).   Por otro lado, menciona que la explotación de los recursos naturales en los territorios indígenas se hará sin desmedro de la integridad cultural, social y económica de las comunidades indígenas (Arts. 330 y 332).

La Ley 21 de 1991 (Arts. 13.1 y 14.1) es la normativa más importante en la reconceptualización de la territorialidad indígena. El Art. 15 exige consulta previa en fase de prospección y  participación justa de beneficios respecto de los recursos naturales.  Los Arts. 13,14 y 15 reconocen a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan.

Ley 99 de 1993. Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones.  En su Art. 67, - De las Funciones de los Territorios Indígenas, menciona que "Los Territorios Indígenas tendrán las mismas funciones y deberes definidos para los municipios en materia ambiental".  Al igual que los Arts. 13, 26, 31, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 63, 76 y 112.

Ley 152 de 1994. Ley Orgánica del Plan de Desarrollo (Arts. 31, 32, 33 y 34). El reconocimiento de autonomía político – administrativa permitió delinear una estructura propia de planificación participativa.  Falta reglamentación de las Entidades Territoriales Indígenas (ETI).

Ley 160 de 1994. Por medio de la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, se establece un subsidio para la adquisición de tierras y se reforma el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA, hoy Incoder).  Promueve el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios y a otros servicios públicos rurales, con el fin de mejorar el ingreso y la calidad de vida de la población campesina, y como objetivo busca garantizar a la mujer campesina e indígena las condiciones y oportunidades de participación equitativa en los planes, programas y proyectos de desarrollo agropecuario, propiciando la concertación necesaria para lograr el bienestar y efectiva vinculación al desarrollo de la economía campesina (Art. 1, Numeral Octavo).

Ley 60 de 1993. Los resguardos tienen derecho a asignaciones anuales del presupuesto según densidad poblacional (Art. 25).  Fue derogada por el Art. 113 de la Ley 715 de 2001 y reglamentada parcialmente por el Decreto 1168 de 1996.

Ley 141 de 1994.  Se crean el Fondo Nacional de Regalías, la Comisión Nacional de Regalías, se regula el derecho del Estado a percibir regalías por la explotación de recursos naturales no renovables y se establecen las reglas para su liquidación Los resguardos reciben recursos por regalías por explotación recursos naturales no renovables.

Ley 191 de 1995, Ley de Fronteras. En su Art. 5 valora las Zonas Indígenas de Integración Fronteriza como opción de cooperación internacional.

Ley 685 de 2001.  Código de minas. Las Zonas Mineras Indígenas son un derecho de prelación que implica paso a terceros si en un plazo determinado no se ejerce.

Ley 715 de 2001, Sistema General de Participaciones y disposiciones en educación y salud. Los resguardos tienen derecho a asignaciones anua-les del presupuesto según densidad poblacional (Arts. 82 y 83).

Ley 1450 de 2011, Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014. Modifica el Art. 83 de la Ley 715, en donde reglamenta la orientación de los recursos por concepto de la asignación especial para resguardos indígenas, del Sistema General de Participaciones (Art 13).                    

Ley 731 de 2002.  Dicta normas para favorecer a las mujeres rurales

Ley 756 de 2002.  Los recursos del Fondo Nacional de Regalías son propiedad exclusiva de las entidades territoriales.  Se accede a regalías por cercanía entre resguardo y zona minera (Art. 11).

Ley 1512 de 2012.  Reforma que extiende la distribución de regalías  así no sean epicentro de explotación de recursos del subsuelo.

Ley 617 de 2000. Reforma Ley Orgánica de Presupuesto y  descentralización a través de la cual exime a resguardos de ser incorporados a municipios  de frontera.

Ley 843 de 2003. Dicta disposiciones para el aprovechamiento de áreas especiales ubicadas en zonas de frontera.

Ley 1454 de 2011, Normas Orgánicas de Ordenamiento Territorial. La conformación de las ETIS lleva 24 años sin reglamentar, y la  Ley de 2011 propone esta reglamentación, ahora en proceso de consulta previa.

Decreto 622 de 1977. Reglamenta el Sistema Parques Nacionales, Art.7 “No es incompatible la declaración de un Parque Nacional Natural con la constitución de una reserva indígena (…)”.

Decreto 1809 de 1993.  Dicta normas fiscales relativas a los territorios indígenas.

Decreto 2164 de 1995.  Reglamenta la constitución de resguardos.

Decreto reglamentario 2164 de 1995: reglamenta parcialmente el [Capítulo XIV de la Ley 160 de 1994] en lo relacionado con la dotación y titulación de tierras a las comunidades indígenas para la constitución, reestructuración, ampliación y saneamiento de los Resguardos Indígenas en el territorio nacional.

Decreto 1791 de 1996.  Régimen de aprovechamiento forestal.   Art. 44.- “Los aprovechamientos forestales que se pretendan realizar por comunidades indígenas en áreas de resguardo o reserva indígena o por las comunidades negras de que trata la Ley 70 de 1993 se regirán por las normas especiales que regulan la administración, manejo y uso de recursos naturales renovables por parte de estas comunidades”.

Decreto 3759 de 2009: Entre las funciones del Incoder están el "Planificar y ejecutar los procedimientos para la constitución, ampliación, saneamiento y reestructuración de los resguardos indígenas en beneficio de sus comunidades" (Art. 4)

Decreto Ley 4633 del 2011. Dicta medidas de asistencia, atención, reparación integral y de restitución de derechos territoriales a las víctimas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas.

Resolución No 0764 del 5 de agosto de 2002.  Protección específicos a pueblos indígenas en zonas remotas de Parques Nacionales Naturales.

Política de Participación Social en la Conservación. El Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia, entiende la conservación como tarea de manejo y regulación antes que de aislamiento de áreas protegidas.

Plan Nacional de Desarrollo Prosperidad Democrática para todos. 2010-2014. Bases para el Programa de Garantías de los Derechos Fundamentales de los Pueblos Indígenas. Protocolización de la consulta previa al Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014. Aboga por la figura de Aéreas Indígenas Protegidas.

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