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Pluralismo jurídico

Los derechos de los pueblos indígenas a la autodeterminación se refieren también al control de los asuntos sociales internos y al uso de métodos propios para la resolución de conflictos. Por ende, sobre la base del derecho a la autodeterminación, es entendible que las instituciones jurídicas propias sean tomadas en cuenta y reconocidas.

De hecho, bajo la influencia de los movimientos indígenas y en el contexto de la “cuarta” ola de democratización en Latinoamérica, en algunos países del continente se hizo referencia a los grupos indígenas y al reconocimiento de la autonomía jurídica indígena. No obstante, la Constitución guatemalteca de 1985 y la brasileña de l988 aún no se refieren expresamente al Derecho indígena, sino a sus “formas de organización social” y a sus “costumbres”.

La Constitución colombiana, elaborada por una asamblea constituyente, en la cual también participan representantes de los pueblos indígenas, representa un cambio decisivo. En el texto de la Constitución puesta en vigencia en 1991 se establece que las autoridades de los pueblos indígenas ejercen funciones jurisdiccionales conforme a normas y procedimientos propios dentro de su jurisdicción territorial, “siempre y cuando estos no se contradigan con las leyes de la República”, según lo establece expresamente el Art. 171. Podremos constatar, a continuación, el interesante desarrollo de esta norma y cómo la misma es interpretada por la justicia colombiana y, por otro lado, cómo esta disposición se convierte en modelo para otras Constituciones del continente, a la vez que, con enunciados muy similares, es adoptada por algunos Estados para posteriores reformas constitucionales.

Los desarrollos de los Estados-nación orientados al reconocimiento de los pueblos indígenas, como portadores del desarrollo político y, especialmente, al pluralismo jurídico dentro de los Estados existentes, son apoyados, impulsados y complementados por la evolución del derecho internacional.

En Ecuador y en Bolivia, la relación del Estado con la jurisdicción indígena adquirió una nueva calidad, en virtud de los más recientes desarrollos de las respectivas Constituciones. Bajo la influencia de los movimientos populares fuertemente convocados en ambos países, en los cuales las organizaciones de los pueblos indígenas desempañaron un rol singular, las Constituciones de estos países se basan en el concepto de producir una descolonización del ordenamiento jurídico nacional. En este sentido, al Derecho indígena no solamente le compete el rol de asegurar la autodeterminación cultural de los grupos indígenas, sino el de convertirse en importante pilar del ordenamiento jurídico en los Estados plurinacionales recientemente constituidos en Ecuador y Bolivia. Así, la jurisdicción indígena se desprende del halo inherente a un tema de minorías y, especialmente en Bolivia, el pluralismo jurídico se convierte en uno de los fundamentos del país, según se prevé en el Art. 1 de la nueva Constitución. La justicia ordinaria del Estado y el ejercicio de la jurisdicción por los pueblos indígenas rigen, de ahora en adelante, como equivalentes en la jerarquía normativa de Bolivia, con lo cual se materializó una demanda fundamental del movimiento indígena del país.

Las relaciones del Estado con los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas no solo representan un importante antecedente para el trabajo con pueblos indígenas, sino que son a la vez un importante punto de referencia institucional para la implementación de los derechos humanos, la integración democrática de todos los grupos poblacionales en la vida pública de un país y, en el marco de la cooperación internacional, un punto de partida para la integración de la diversidad cultural en el trabajo concreto del proyecto.1

1. René Kuppe: Jurisdicción indígena y derecho estatal en Latinoamérica, 2011. P. 2-3.

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